Negociar para desactivar el conflicto agrario

El Gobierno tiene la principal responsabilidad de actuar con criterio de grandeza para desactivar ese dispositivo que ya está causando elevados costos a la sociedad. Tanto sectores importantes de la opinión pública como sectores empresarios se han manifestado preocupados por la prolongación del conflicto y reclaman que sea superado.

Después de su primera respuesta confrontativa a la protesta del agro, el Gobierno cambió de orientación y convocó a negociaciones con el propósito de desactivar el conflicto. Pero en las conversaciones sostenidas se negó a considerar la principal propuesta agraria y no produjo avances significativos en algunas concesiones anunciadas. El último encuentro entre representantes del Gobierno y del agro terminó en un nuevo desentendimiento que derivó en una reactivación de la protesta agraria.

El miércoles pasado, en el acto del Partido Justicialista, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una convocatoria "a debatir y discutir en un marco democrático para profundizar la transformación y el crecimiento". La posición presidencial recogió una extendida ponderación porque la sociedad necesita y reclama, precisamente, debate y discusión democrática para avanzar en la resolución, no sólo del conflicto agrario, sino de los grandes problemas argentinos. En términos más puntuales, los dichos se interpretaron como una elíptica invitación a la dirigencia agraria para retomar las negociaciones.

La dirigencia agraria, sin embargo, decidió mantener el paro, desaprovechando una nueva oportunidad para reencauzar las relaciones. Esto puede deberse tanto a intereses políticos y gremiales de un sector de la dirigencia rural, cuya base está movilizada masivamente, pero también a la falta de confianza que prima entre los productores por los casi nulos resultados que produjeron las negociaciones realizadas hasta el momento, y porque el Gobierno sigue negándose a considerar la principal demanda del agro, a saber, la modificación del sistema de retenciones móviles.

Tanto Gobierno como productores deben reconsiderar sus posiciones para evitar una profundización del conflicto y de los problemas que está causando. El Gobierno debe revisar la política de creación de enemigos que sigue el oficialismo desde su ingreso a la Casa Rosada y las actitudes confrontativas que se manifiestan tanto en los discursos como en la movilización de fuerzas paragubernamentales agresivas.

Como hemos afirmado en anteriores ocasiones, independientemente de quien carga con la responsabilidad de ocasionar o perpetuar un conflicto, un gobierno tiene la responsabilidad de actuar con grandeza para conciliar intereses y restablecer las relaciones deterioradas.
En este caso correspondería una convocatoria formal al agro con una agenda que incluya los temas que motivan el conflicto.

Una decisión de esa naturaleza no podría considerarse como una derrota sino como el gesto del estadista que se aleja de la pequeña política y se eleva por encima de las disputas de momento en función de los intereses generales y de largo plazo.

Los productores deben ponderar, por su parte, que una creciente porción de la sociedad está sintiendo las consecuencias de un conflicto en el que no participa y que el apoyo que han recibido en un primer momento podría erosionarse.

La sociedad espera una reversión del conflicto que contribuya a disipar la inquietud económica y a evitar el incremento de los precios y de los costos empresarios que el mismo está provocando.
El Gobierno, que lanzó la política de confrontación, tiene la responsabilidad de desactivar el conflicto con el agro. Sería una forma de superar la pequeña política y adoptar el gesto del estadista dispuesto a conciliar intereses. Los dirigentes agrarios tienen que ponderar los costos del conflicto y la pérdida de apoyo en la sociedad. El conflicto está teniendo costos económicos.

Opinión Editorial Clarín del 18/05/08.
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